martes, 7 de marzo de 2017
jueves, 16 de febrero de 2017
domingo, 29 de enero de 2017
error Berenguer
El error Berenguer
José Ortega y Gasset - El Sol, 15 de noviembre de 1930
No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España se encuentre un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que en esa expresión el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de Berenguer, sino más bien lo contrario -que Berenguer es del error, que Berenguer es un error-. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen; otros toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no muy grande. Por ello trasciende ese error los límites de la equivocación individual y quedará inscrito en la historia de nuestro país.
Estos párrafos pretenden dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué consiste desliz tan importante, tan histórico.
Para esto necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda cuestión personal y de detalle. Por eso, yo voy a suponer aquí que ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han cometido error alguno en su actuación concreta y particular. Después de todo, no está esto muy lejos de la pura verdad. Esos hombres no habrán hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de ellos han hecho más. El señor Tormo, por ejemplo, ha conseguido lo que parecía imposible: que a estas fechas la situación estudiantil no se haya convertido en un conflicto grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente puede suponer que exista, rebus sic stantibus, y dentro del régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que hubiera podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas «derechas» no se lo agradecen porque la especie humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente «generosamente» exquisita gratitud hacia quien le quita le enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el feliz hombre de la «derecha», es profundamente ingrato.
Es probable también que la labor del señor Wais para retener la ruina de la moneda merezca un especial aplauso. Pero, sin que yo lo ponga en duda, no estoy tan seguro como de lo anterior, porque entiendo muy poco de materias económicas, y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la opinión general, que concede tanta importancia al problema de nuestro cambio. Creo que, por desgracia, no es la moneda lo que constituye el problema verdaderamente grave, catastrófico y sustancial de la economía española -nótese bien, de la española-. Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario y que el Sr. Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España, y tanto mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores haya cometido este Gobierno, tanto mejor se verá el error que es.
Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a presentar. En nuestro caso se trata de una política sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien veces lo ha repetido el señor Berenguer. La política de este Gobierno consiste en cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la normalidad por los medios normales. Aunque la cosa es clara como «¡buenos días!», conviene que el lector se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus medios son... los normales.
Yo no recuerdo haber oído hablar nunca de una política más sencilla que ésta. Esta vez, el Poder público, el Régimen, se ha hartado de ser sencillo.
Bien. Pero ¿a qué hechos, a qué situación de la vida pública responde el Régimen con una política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo sabemos. La situación histórica a que tal política responde era también muy sencilla. Era ésta: España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de antiguo arrastrando una existencia política bastante poco normal, ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en cualquier otro siglo. Lo cual anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón sigo estupefacto ante el hecho de que todavía ningún sabedor de historia jurídica se haya ocupado en hacer notar a los españoles minuciosamente y con pruebas exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha matado; pero eso, precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no asesinar-, es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes.
La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha operado sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aun conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente. Colmo de todo ello es que no se ha contentado con mandar a pleno y frenético arbitrio, «sino que aún le ha sobrado holgura de Poder para insultar líricamente a personas y cosas colectivas e individuales. No hay punto de la vida española en que la Dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón. Esa mano ha hecho saltar las puertas de las cajas de los Bancos, y esa misma mano, de paso, se ha entretenido en escribir todo género de opiniones estultísimas, hasta sobre la literatura que los poetas españoles. Claro que esto último no es de importancia sustantiva, entre otras cosas porque a los poetas los traían sin cuidado las opiniones literarias de los dictadores y sus criados; pero lo cito precisamente como un colmo para que conste y recuerde y simbolice la abracadabrante y sin par situación por que hemos pasado. Yo ahora no pretendo agitar la opinión, sino, al contrario, definir y razonar, que es mi primario deber y oficio. Por eso eludo recordar aquí, con sus espeluznantes pelos y señales, los actos más graves de la Dictadura. Quiero, muy deliberadamente, evitar lo patético. Aspiro hoy a persuadir y no a conmover. Pero he tenido que evocar con un mínimum de evidencia lo que la Dictadura fue. Hoy parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un cuento, sino que fue un hecho.
Y que a ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal.
Eso, eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento tan difícil para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya maltraídos de antiguo, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante siete años. Y, no obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta España.
Pero no es eso lo peor. Lo peor son los motivos por los que cree poderse contentar con ofrecer tan insolente ficción.
El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi única misión en esta vida es decir lo que creo verdad, -y, por supuesto, desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su Estado son, en dosis considerable, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de ello. Cuanta mayor verdad sean, razón de más para que la Monarquía, responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese extenuado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad política persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho.
He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha pasado nada. Esta ficción es el Gobierno Berenguer.
Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia celtíbera de los siete años de Dictadura. Por otra parte, del anuncio de elecciones se esperaba mucho. Entre las ideas sociológicas, nada equivocadas, que sobre España posee el Régimen actual, está esa de que los españoles se compran con actas. Por eso ha usado siempre los comicios -función suprema y como sacramental de la convivencia civil- con instintos simonianos. Desde que mi generación asiste a la vida pública no ha visto en el Estado otro comportamiento que esa especulación sobre los vicios nacionales. Ese comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. El Estado en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional.
Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la «gran vilt`» que fue la Dictadura. El Régimen sigue solitario, acordonado como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él; actas, carteras, promesas -las cuentas de vidrio perpetuas-, no han servido esta vez de nada. Al contrario: esta última ficción colma el vaso. La reacción indignada de España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace diez meses. España se toma siempre tiempo, el suyo.
Y no vale oponer a lo dicho que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable y, en consecuencia, irresponsable. No discutamos ahora las causas de la Dictadura. Ya hablaremos de ellas otro día, porque, en verdad, está aún hoy el asunto aproximadamente intacto. Para el razonamiento presentado antes la cuestión es indiferente. Supongamos un instante que el advenimiento de la dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela lo más mínimo el hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese dicho: Hemos padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha roto. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. ¡Españoles: reconstruid vuestro Estado!
Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca a alguien que se encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado nada». Encuentra sólo un general amnistiado.
Este es el error Berenguer de que la historia hablará.
Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!
Delenda est Monarchia.
Estos párrafos pretenden dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué consiste desliz tan importante, tan histórico.
Para esto necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda cuestión personal y de detalle. Por eso, yo voy a suponer aquí que ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han cometido error alguno en su actuación concreta y particular. Después de todo, no está esto muy lejos de la pura verdad. Esos hombres no habrán hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de ellos han hecho más. El señor Tormo, por ejemplo, ha conseguido lo que parecía imposible: que a estas fechas la situación estudiantil no se haya convertido en un conflicto grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente puede suponer que exista, rebus sic stantibus, y dentro del régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que hubiera podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas «derechas» no se lo agradecen porque la especie humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente «generosamente» exquisita gratitud hacia quien le quita le enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el feliz hombre de la «derecha», es profundamente ingrato.
Es probable también que la labor del señor Wais para retener la ruina de la moneda merezca un especial aplauso. Pero, sin que yo lo ponga en duda, no estoy tan seguro como de lo anterior, porque entiendo muy poco de materias económicas, y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la opinión general, que concede tanta importancia al problema de nuestro cambio. Creo que, por desgracia, no es la moneda lo que constituye el problema verdaderamente grave, catastrófico y sustancial de la economía española -nótese bien, de la española-. Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario y que el Sr. Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España, y tanto mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores haya cometido este Gobierno, tanto mejor se verá el error que es.
Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a presentar. En nuestro caso se trata de una política sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien veces lo ha repetido el señor Berenguer. La política de este Gobierno consiste en cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la normalidad por los medios normales. Aunque la cosa es clara como «¡buenos días!», conviene que el lector se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus medios son... los normales.
Yo no recuerdo haber oído hablar nunca de una política más sencilla que ésta. Esta vez, el Poder público, el Régimen, se ha hartado de ser sencillo.
Bien. Pero ¿a qué hechos, a qué situación de la vida pública responde el Régimen con una política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo sabemos. La situación histórica a que tal política responde era también muy sencilla. Era ésta: España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de antiguo arrastrando una existencia política bastante poco normal, ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en cualquier otro siglo. Lo cual anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón sigo estupefacto ante el hecho de que todavía ningún sabedor de historia jurídica se haya ocupado en hacer notar a los españoles minuciosamente y con pruebas exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha matado; pero eso, precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no asesinar-, es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes.
La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha operado sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aun conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente. Colmo de todo ello es que no se ha contentado con mandar a pleno y frenético arbitrio, «sino que aún le ha sobrado holgura de Poder para insultar líricamente a personas y cosas colectivas e individuales. No hay punto de la vida española en que la Dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón. Esa mano ha hecho saltar las puertas de las cajas de los Bancos, y esa misma mano, de paso, se ha entretenido en escribir todo género de opiniones estultísimas, hasta sobre la literatura que los poetas españoles. Claro que esto último no es de importancia sustantiva, entre otras cosas porque a los poetas los traían sin cuidado las opiniones literarias de los dictadores y sus criados; pero lo cito precisamente como un colmo para que conste y recuerde y simbolice la abracadabrante y sin par situación por que hemos pasado. Yo ahora no pretendo agitar la opinión, sino, al contrario, definir y razonar, que es mi primario deber y oficio. Por eso eludo recordar aquí, con sus espeluznantes pelos y señales, los actos más graves de la Dictadura. Quiero, muy deliberadamente, evitar lo patético. Aspiro hoy a persuadir y no a conmover. Pero he tenido que evocar con un mínimum de evidencia lo que la Dictadura fue. Hoy parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un cuento, sino que fue un hecho.
Y que a ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal.
Eso, eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento tan difícil para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya maltraídos de antiguo, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante siete años. Y, no obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta España.
Pero no es eso lo peor. Lo peor son los motivos por los que cree poderse contentar con ofrecer tan insolente ficción.
El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi única misión en esta vida es decir lo que creo verdad, -y, por supuesto, desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su Estado son, en dosis considerable, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de ello. Cuanta mayor verdad sean, razón de más para que la Monarquía, responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese extenuado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad política persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho.
He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha pasado nada. Esta ficción es el Gobierno Berenguer.
Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia celtíbera de los siete años de Dictadura. Por otra parte, del anuncio de elecciones se esperaba mucho. Entre las ideas sociológicas, nada equivocadas, que sobre España posee el Régimen actual, está esa de que los españoles se compran con actas. Por eso ha usado siempre los comicios -función suprema y como sacramental de la convivencia civil- con instintos simonianos. Desde que mi generación asiste a la vida pública no ha visto en el Estado otro comportamiento que esa especulación sobre los vicios nacionales. Ese comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. El Estado en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional.
Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la «gran vilt`» que fue la Dictadura. El Régimen sigue solitario, acordonado como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él; actas, carteras, promesas -las cuentas de vidrio perpetuas-, no han servido esta vez de nada. Al contrario: esta última ficción colma el vaso. La reacción indignada de España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace diez meses. España se toma siempre tiempo, el suyo.
Y no vale oponer a lo dicho que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable y, en consecuencia, irresponsable. No discutamos ahora las causas de la Dictadura. Ya hablaremos de ellas otro día, porque, en verdad, está aún hoy el asunto aproximadamente intacto. Para el razonamiento presentado antes la cuestión es indiferente. Supongamos un instante que el advenimiento de la dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela lo más mínimo el hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese dicho: Hemos padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha roto. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. ¡Españoles: reconstruid vuestro Estado!
Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca a alguien que se encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado nada». Encuentra sólo un general amnistiado.
Este es el error Berenguer de que la historia hablará.
Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!
Delenda est Monarchia.
domingo, 15 de enero de 2017
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
La Dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930)
1. INTRODUCCIÓN
El
13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de
estado con el que puso punto y final al decrépito sistema de la Restauración,
iniciándose un período de dictadura militar que se extendió hasta 1931.
El sistema político de la Restauración, en el que los partidos dinásticos se iban turnando en el poder de manera pacífica y pactada, se mantuvo operativo hasta el establecimiento de la dictadura. Sin embargo, en los últimos años de funcionamiento el sistema mostraba claros signos de desgaste, y a medida que se acentuaba la crisis institucional aumentaba el ruido de sables.
La caída de la dictadura terminó arrastrando al rey, Alfonso XIII, debido a la actitud permisiva que mantuvo ante el establecimiento y el desarrollo del régimen, lo cual lo lastró en gran medida, y a su incapacidad, debido a múltiples factores, para liderar un proceso de transición política que posibilitara el regreso a un sistema constitucional.
El sistema político de la Restauración, en el que los partidos dinásticos se iban turnando en el poder de manera pacífica y pactada, se mantuvo operativo hasta el establecimiento de la dictadura. Sin embargo, en los últimos años de funcionamiento el sistema mostraba claros signos de desgaste, y a medida que se acentuaba la crisis institucional aumentaba el ruido de sables.
La caída de la dictadura terminó arrastrando al rey, Alfonso XIII, debido a la actitud permisiva que mantuvo ante el establecimiento y el desarrollo del régimen, lo cual lo lastró en gran medida, y a su incapacidad, debido a múltiples factores, para liderar un proceso de transición política que posibilitara el regreso a un sistema constitucional.
ANTECEDENTES
La situación internacional: la I Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique
La postura neutral que mantuvo España durante La Gran Guerra (1914-1918) se derivó en gran medida del hecho de no haber participado en los sistemas de alianzas internacionales que se habían venido estableciendo durante los años precedentes entre las principales potencias europeas.
La no participación en la guerra propició una cierta expansión de la economía española, ya que el conflicto redujo la capacidad productiva de los países beligerantes, y España, por su cercanía geográfica, se convirtió en un importante suministrador de productos industriales y agrarios. Sin embargo, el aumento de la demanda de productos españoles, aunque estimuló el crecimiento de la producción, provocó una subida paralela de los precios. Por lo tanto, aunque el aumento de la demanda benefició por un lado a la industria catalana y vasca y a la minería asturiana fundamentalmente, por otro lado acentuó la situación de pobreza de las clases populares.
Durante la Gran Guerra estalló, en 1917, la Revolución bolchevique en Rusia. Era la primera vez que un partido obrero conseguía hacerse con el poder e iniciaba la construcción de un estado de los trabajadores. La burguesía europea, atemorizada ante una eventual emulación de la revolución proletaria, exigió a los gobiernos un endurecimiento de la represión contra los partidos obreros, produciéndose un aumento considerable de la conflictividad social en durante estos años.
Los partidos políticos de oposición
Los principales partidos de la oposición en los años previos al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera fueron los siguientes:
La situación internacional: la I Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique
La postura neutral que mantuvo España durante La Gran Guerra (1914-1918) se derivó en gran medida del hecho de no haber participado en los sistemas de alianzas internacionales que se habían venido estableciendo durante los años precedentes entre las principales potencias europeas.
La no participación en la guerra propició una cierta expansión de la economía española, ya que el conflicto redujo la capacidad productiva de los países beligerantes, y España, por su cercanía geográfica, se convirtió en un importante suministrador de productos industriales y agrarios. Sin embargo, el aumento de la demanda de productos españoles, aunque estimuló el crecimiento de la producción, provocó una subida paralela de los precios. Por lo tanto, aunque el aumento de la demanda benefició por un lado a la industria catalana y vasca y a la minería asturiana fundamentalmente, por otro lado acentuó la situación de pobreza de las clases populares.
Durante la Gran Guerra estalló, en 1917, la Revolución bolchevique en Rusia. Era la primera vez que un partido obrero conseguía hacerse con el poder e iniciaba la construcción de un estado de los trabajadores. La burguesía europea, atemorizada ante una eventual emulación de la revolución proletaria, exigió a los gobiernos un endurecimiento de la represión contra los partidos obreros, produciéndose un aumento considerable de la conflictividad social en durante estos años.
Los partidos políticos de oposición
Los principales partidos de la oposición en los años previos al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera fueron los siguientes:
·
Partido Republicano Radical de Lerroux.
Conoció un importante retroceso electoral durante esta época, debido a la
pérdida de apoyo por parte del sector obrero, que comenzó a respaldar a
partidos obreristas. Esto impulsó a este partido hacia posiciones cada vez más
conservadoras.
·
Partido Reformista de Melquíades Álvarez.
Se trataba de un partido republicano, laico y anti-caciquil, que aspiraba a
reformar el corrupto sistema político español. Durante esta época fue
separándose cada vez más de los posicionamientos políticos socialistas,
acercándose a los liberales.
·
Partido Socialista. Conoció un fuerte
incremento de su filiación y fuerza electoral. El estallido de la revolución
rusa provocó un conflicto interno dentro del partido que desembocó en la
escisión de un sector partidario de apoyar la revolución bolchevique rusa e
ingresar en la III Internacional, la Komintern, organización fundada por Lenin
y Partido Comunista Ruso en 1919 con el objetivo de extender la revolución por
el mundo y terminar con el sistema capitalista. Este grupo fundó en 1920 el
Partido Comunista Español (PCE)
La lucha sindical
Durante esta época los sindicatos obreros conocieron un fortísimo crecimiento, especialmente la CNT (Confederación nacional de Trabajadores), que pasó de 15.000 afiliados en 1915 a 700.000 en 1919. En Andalucía, la situación de miseria en la que vivía el campesinado y las aspiraciones de cambio social que alimentaba el triunfo de la revolución soviética impulsaron numerosas revueltas protagonizadas por los anarquistas en las que se quemaron cosechas, se ocuparon tierras y se repartieron propiedades. El historiador Díaz del Moral acuñó la afortunada denominación “Trienio Bolchevique” para referirse a esta explosiva situación prerrevolucionaria que vivió Andalucía entre 1918 y 1921. La gravedad de los acontecimientos llevó al gobierno a declarar la situación de guerra, prohibir las asociaciones obreras y detener a los principales líderes sindicales.
En Barcelona, la conflictividad social también se acentuó. Los enfrentamientos entre la patronal y los sindicatos se radicalizaron a partir de 1919. Los representantes de los empresarios crearon la Federación Patronal para luchar contra las fuerzas obreras. Recurrieron a la contratación de pistoleros a sueldo para asesinar a los principales líderes sindicalistas. Por otro lado hubo sectores anarquistas que optaron por la violencia y los atentados como estrategia de lucha. Entre estos destaca el grupo de los Solidarios, donde encontramos militantes como Juan García Oliver, Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso. Los dos últimos murieron años más tarde, en 1936, luchando contra los sublevados en la Guerra Civil Española. La patronal contó además con el apoyo del gobierno para ejercer la represión sindicalista. Todo esto ha hecho que esta época sea conocida como la época del pistolerismo. Durante estos años hubo más de 800 atentados en los que murieron conocidos empresarios y políticos, así como los principales líderes de los movimientos obreros. Es de destacar el asesinato perpetrado por anarcosindicalistas del presidente del gobierno, Eduardo Dato, en 1921. Uno de los episodios más violentos se inició a raíz de la huelga comenzada en Barcelona en febrero de 1919 por los trabajadores de la empresa de energía eléctrica la Canadiense, que se prolongó durante cuarenta y ocho días, provocando la paralización del 70% de la industria catalana.
El problema de Marruecos
El gobierno español emprendió en Marruecos una agresiva política militar, tras la pérdida de las últimas colonias ultramarinas en 1898, para afianzar el control sobre la zona. Estas acciones fueron impulsadas por algunos grupos empresariales españoles con grandes intereses económicos allí. Sin embargo, la guerra de Marruecos generó un fuerte movimiento de repulsa entre los sectores más humildes, de donde salían los efectivos humanos llamados a defender la colonia norteafricana. La zona occidental, de Ceuta y Tetuán, no fue difícil de controlar, sin embargo la zona oriental ofreció una feroz resistencia al dominio español. Los enfrentamientos entre el ejército español y los rifeños fueron numerosos, aunque cabe destacar el ataque por sorpresa protagonizado por estos últimos al puesto español de Annual, en el que murieron unos 13.000 soldados españoles. El ejército español envió pronto nuevas tropas que consiguieron recuperar rápida y fácilmente las posiciones perdidas, sin embargo el Desastre de Annual provocó una fuerte desestabilización política.
El gobierno se vio forzado a dimitir, formándose un nuevo gobierno de concentración presidido por Antonio Maura en el que había representación de todas las fuerzas políticas. El Congreso encargó a una comisión la investigación del desastre de Annual. Ésta elaboró un informe, conocido como el Expediente Picasso, que provocó fuertes debates parlamentarios y contó con el rechazo rotundo del ejército, ya que dicho informe responsabilizaba del desastre a los principales mandos militares e incluso a Alfonso XIII, promotor de la ofensiva norteafricana. Socialistas y republicanos exigieron en el parlamento que tanto los mandos militares como el rey asumieran sus responsabilidades.
CAUSAS DEL GOLPE MILITAR
Los sectores que le dieron apoyo (militares,
políticos cercanos a la monarquía y clases dirigentes) defendieron su acción
como una solución para poner fin a la crisis política y a la conflictividad
social que atravesaba el país. Para los
golpistas las razones que justificaban ese cambio eran:
·
La inestabilidad y el bloqueo del sistema
·
El desprestigio derivado del continuo
fraude electoral
·
EL miedo de las clases acomodadas a una
revolución social
·
El aumento del republicanismo y de los nacionalismos
·
El descontento del ejército por el
desastre de Annual
·
Evitar que las Cortes exigieran
responsabilidades por el desastre.
El golpe de Estado
Varios días antes de la fecha prevista para discutir en Cortes el expediente Picasso, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado, la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923.
Primo de Rivera exigió la disolución inmediata del gobierno y la entrega del poder a los militares. Alfonso XIII decidió acceder a dichas peticiones, encomendando la formación de un nuevo gobierno integrado únicamente por militares.
Primo de Rivera justificó el golpe de estado aduciendo que el régimen constitucional estaba bloqueado y que existía un gran riesgo de revolución social y se presentó como el remedio necesario para impulsar una regeneración del país.
Anunció su pretensión de terminar con el caciquismo y la corrupción política, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional. Sin embargo hay que tener en cuenta que por otro lado con el golpe de estado Primo de Rivera evitaba la democratización del sistema político promovido por el último gobierno de concentración dirigido por García Prieto. Atendiendo a esto, su acción puede ser interpretada más como un intento de frenar las reformas que como la pretensión de regenerar el sistema moribundo de la restauración.
LA DICTADURA (1923-1931)
El Directorio Militar (1923-1925)
En esta primera fase Primo de Rivera constituyó un gobierno de carácter interino integrado exclusivamente por militares con el que pretendía hacer frente y resolver los graves problemas que amenazaban a España. Las principales medidas adoptadas por este gobierno fueron muy duras:
·
La Constitución de 1876 fue suspendida.
·
Las Cámaras legislativas (Congreso y
Senado) disueltas.
·
Los partidos políticos y los sindicatos
fueron prohibidos.
·
Las autoridades civiles locales fueron
cesadas. Con ello pretendía acabar con la élite oligárquica y el caciquismo.
Miguel Primo de Rivera creó en 1924 un nuevo partido gubernamental, la Unión Patriótica, con el objetivo de prestar apoyo social a la dictadura. Se trató de un partido en el que se quería integrar a toda la sociedad y con el que se pretendía sustituir a todos los partidos políticos tradicionales, a los que consideraba corruptos. Sus principales afiliados procedían de la antigua oligarquía caciquil, el carlismo, la oligarquía agrícola y el catolicismo. Aunque Primo de Rivera anunció como uno de los objetivos principales del régimen terminar con la oligarquía y el caciquismo, muchos de los integrantes de estos grupos se incorporaron a la Unión Patriótica, reciclándose políticamente, lo cual les permitió mantenerse ligados al poder. EL partido sin programa ideológico definido y cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir sus directrices.
Este partido le sirvió al régimen para hacer propaganda de la dictadura y de la ideología derechista y católica que defendía. Las líneas ideológicas principales de la Unión Patriótica fueron:
·
Rechazo de la democracia liberal y del
sistema parlamentarista.
·
Nacionalismo centralista
anti-regionalista.
·
Defensa a ultranza de la religión
católica.
El lema adoptado por la Unión Patriótica fue patria, religión y monarquía, adaptación del lema carlista dios, patria y rey. De entre los afiliados al partido salían los cargos para los ayuntamientos, las diputaciones y los gobiernos civiles.
Las
primeras medidas fueron suspensión del régimen constitucional, disolución de
las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las
actividades de los partidos y de los sindicatos. Se militarizó el orden público
y se reprimió al obrerismo radical. Elaboró un Estatuto Municipal y otro
Provincial. Se disolvieron los ayuntamientos que se sustituyó por juntas de
vocales nombradas por los gobernadores civiles.
Durante
esta fase Miguel Primo de Rivera asumió personalmente el mando de las
operaciones militares en Marruecos (Alto comisionado de Marruecos 1924) con la
intención de liquidar el conflicto en el norte de África. A partir de 1925
España colaboró militarmente con Francia. Fruto de esta colaboración se planeó
y se llevó a cabo un desembarco en Alhucemas ese mismo año que condujo a la
victoria definitiva sobre los rebeldes rifeños.
Abd el-Krim se rindió a las tropas francesas. En 1927 la guerra de
Marruecos había llegado a su fin con la ocupación efectiva de todo el
protectorado y la victoria dio a Primo
de Rivera una enorme popularidad.
A
partir de 1926 la idea de volver al régimen constitucional se fue abandonando y
el régimen se institucionalizó siguiendo la influencia del fascismo
italiano. Se convocó una Asamblea
Nacional Consultiva (1927) de carácter corporativo (sus miembros designados
entre los prohombres, no sufragio universal). También se reactivó El Somatén
(ciudadanos armados voluntarios) para colaborar en el mantenimiento del orden
público.
El Directorio Civil (1925-1930) A partir de 1925 Primo de Rivera trató de iniciar una nueva fase política que condujese a la institucionalización del régimen. Para ello trató de crear una Asamblea legislativa, una nueva constitución y un partido político único, la Unión Patriótica. Incluyó entre sus ministros a José Calvo Sotelo o Eduardo Aunós aunque el peso de los militares continuó siendo importante y autoritario.
En 1927 convocó una Asamblea Nacional consultiva en 1927, similar al Gran consejo Fascista italiano creado por Mussolini, formada por miembros de la Unión Patriótica que fueron elegidos mediante sufragio restringido. A esta Asamblea se le encomendó la tarea de redactar una nueva constitución. Sin embargo, el proyecto no llegó a conseguir el consenso suficiente y nunca llegaría a entrar en vigor.
La política económica
Durante los años veinte la dictadura se benefició de una coyuntura económica internacional muy favorable. El estado puso en marcha una política económica de carácter paternalista, de revolución desde arriba, que condujo a la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de obras públicas, como la construcción de pantanos, ferrocarriles y carreteras. Esta política, aunque benefició en gran medida a algunas regiones, provocó sin embargo un fuerte déficit presupuestario y el endeudamiento del estado.
El Directorio Civil (1925-1930) A partir de 1925 Primo de Rivera trató de iniciar una nueva fase política que condujese a la institucionalización del régimen. Para ello trató de crear una Asamblea legislativa, una nueva constitución y un partido político único, la Unión Patriótica. Incluyó entre sus ministros a José Calvo Sotelo o Eduardo Aunós aunque el peso de los militares continuó siendo importante y autoritario.
En 1927 convocó una Asamblea Nacional consultiva en 1927, similar al Gran consejo Fascista italiano creado por Mussolini, formada por miembros de la Unión Patriótica que fueron elegidos mediante sufragio restringido. A esta Asamblea se le encomendó la tarea de redactar una nueva constitución. Sin embargo, el proyecto no llegó a conseguir el consenso suficiente y nunca llegaría a entrar en vigor.
La política económica
Durante los años veinte la dictadura se benefició de una coyuntura económica internacional muy favorable. El estado puso en marcha una política económica de carácter paternalista, de revolución desde arriba, que condujo a la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de obras públicas, como la construcción de pantanos, ferrocarriles y carreteras. Esta política, aunque benefició en gran medida a algunas regiones, provocó sin embargo un fuerte déficit presupuestario y el endeudamiento del estado.
En
esos felices años veinte el régimen puso en marcha un programa de fomento de la
industria y las infraestructuras, pero olvidó el problema agrario (sin reformas
a pesar de promover el regadío = confederaciones Hidrográficas). La idea principal fue la nacionalización de sectores
de la economía y la intervención estatal. El Estado fue el motor de las obras
públicas (ferrocarriles, carreteras, planes hidrográficos, etc). El gobierno
aprobó el decreto de Protección de la Industria Nacional (ayudas estatales a
las empresas que no podían competir con el exterior). Se concedió monopolios (
Compañía Telefónica Nacional de España, Campsa, etc) todo ello generó una gran
deuda.
3.3. La política social
Para evitar los conflictos sociales se creó la Organización Corporativa Nacional, organizada en profesiones, con comités integrados por el mismo número de patronos y obreros. Reglamentaban los salarios y las condiciones laborales y actuaban como árbitros en caso de conflicto. La UGT prestó su apoyo a estos comités, mientras la CNT fue prohibida.
Asimismo se puso en marcha una importante política de construcción de casas baratas para mejorar las condiciones de vida de las clases más humildes.
La oposición a la Dictadura
Pasados los primeros años de dictadura, la oposición se organizó e intensificó en torno a los siguientes grupos:
3.3. La política social
Para evitar los conflictos sociales se creó la Organización Corporativa Nacional, organizada en profesiones, con comités integrados por el mismo número de patronos y obreros. Reglamentaban los salarios y las condiciones laborales y actuaban como árbitros en caso de conflicto. La UGT prestó su apoyo a estos comités, mientras la CNT fue prohibida.
Asimismo se puso en marcha una importante política de construcción de casas baratas para mejorar las condiciones de vida de las clases más humildes.
La oposición a la Dictadura
Pasados los primeros años de dictadura, la oposición se organizó e intensificó en torno a los siguientes grupos:
·
Los republicanos, que se organizaron en
torno a la Alianza Republicana que unió a diversas facciones del movimiento y
desarrollar una amplia propaganda exterior.
·
Los anarquistas, integrados en la CNT, se
dividieron: por una parte estaban los que defendían el diálogo y por otra los
que eran partidarios de la insurrección popular violenta. Estos últimos
fundaron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
·
Los comunistas.
·
Algunos sectores del ejército. Las
conspiraciones militares como el complot de la sanjuanada en junio de 1926.
·
La práctica totalidad de los
intelectuales, entre los que destacan figuras como Unamuno, Ortega y Gasset,
Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal. Los intelectuales y el mundo universitario
fueron controlados por el régimen mediante censura o cierre de
universidades. Esto originó la creación de un gran sindicato (Federación
Universitaria Española. En 1924 suscribieron un manifiesto con más de cien
firmas contra la dictadura. Unamuno desterrado a Fuerteventura y Blasco Ibañez
se exilió y donde llevó una campaña contra el rey y Primo de Rivera.
·
Los nacionalismos en especial el catalán.
En Cataluña se liquidó la Mancomunidad (1925), el catalán en público, la
sardana etc con lo que provocó un distanciamiento incluso entre los sectores
que habían simpatizado con el golpe ( LLiga regionalista)
·
Los socialistas: el PSOE rechazó el
régimen en 1929 y se declaró a favor de la República.
La caída del dictador y de la monarquía
El régimen fue perdiendo todos sus apoyos. Alfonso XIII, temeroso de que la caída de la dictadura le afectase negativamente, ya que él había sido su principal valedor, decidió retirar su apoyo a Primo de Rivera, el cual dimitió en enero de 1930.
El rey nombró jefe de Gobierno al general Berenguer con la intención de que éste organizase la vuelta al régimen constitucional. La misión era la de celebrar una elecciones que permitierna retornar a la normalidad constitucional.
El cambio se fue desarrollando de una manera demasiado lenta. La prensa calificó al nuevo gobierno como la Dictablanda. La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, los catalanistas y el PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), a través del cual acordaron constituir un Comité Revolucionario encabezado por Alcalá Zamora que se encargaría de contactar con los militares republicanos y con los representantes de los obreros para organizar un levantamiento armado que hiciera caer el régimen.
Sin embargo los planes de los conspiradores organizados en torno al Pacto de San Sebastián se vieron frustrados como consecuencia del levantamiento militar de Jaca del 12 de diciembre de 1930 a favor de la república protagonizado por los capitanes Fermín Galán y García Hernández. Esta sublevación fue rápidamente controlada por el gobierno, siendo sus promotores fusilados, lo cual contribuyó a avivar los sentimientos republicanistas entre la opinión pública. Después fueron detenidos la mayor parte de los integrantes del comité revolucionario. A pesar de los intentos del gobierno por aplastar el movimiento republicanista, éste continuó creciendo.
La difícil situación política llevó a Berenguer a dimitir. En febrero de 1931 el almirante Aznar estableció un nuevo gobierno, prometiendo elecciones y la formación de Cortes constituyentes. Puso en marcha unos comicios en tres niveles: municipales, provinciales( diputaciones) y legislativo. El gobierno decidió convocar en primer lugar elecciones municipales al considerarlas las menos peligrosas para la monarquía. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. En principio no se esperaba ningún cambio radical, se convocaron con la intención de hacer un sondeo previo a las elecciones legislativas. Sin embargo fueron entendidas por la mayoría de los españoles como un plebiscito a favor o en contra de una monarquía excesivamente identificada con la dictadura. La interpretación de los resultados ha sido objeto de controversia historiográfica, ya que aunque el cómputo global de los votos parecía ser favorable a la monarquía, en los distritos electorales urbanos, menos influenciados los sistemas clientelares caciquiles, el voto republicano consiguió una clara mayoría. Esto forzó la abdicación de Alfonso XIII pocas horas después y el 14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda República Española.
TRATADO DE PAZ DE PARIS 1898
TRATADO DE PAZ PARIS 1898
CLASIFICACIÓN
El texto es un
fragmento del tratado de Paz de París de 10 de diciembre de 1898 en el que este Tratado
Internacional pone fin a la guerra hispano-estadounidense. Es una Fuente primaria y de naturaleza política . Los autores son las delegaciones plenipotenciarias de los gobiernos español y
estadounidense y los destinatarios serían ambos gobiernos y la opinión pública internacional.
La Isla de Puerto Rico era una colonia española hasta
1898 que fue ocupada por los EEUU y convertida en estado Asociado. La isla de
Guam, Micronesia dentro del archipiélago de las Marianas y que pasó a ser una
colonia norteamericana. Las islas Filipinas pertenecía a España desde el
reniado de Felipe II y como consecuencia de la guerra pasará a ser colonia de
EEUU.
Ideas principales
La idea principal será la cesión de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas a
los Estados Unidos siendo las ideas secundarias el pago a España de veinte millones de dólares
por la posesión estadounidense de las Filipinas y el intercambio de prisioneros.
Contexto
El Contexto es el del largo periodo de la
Restauración, que se prolonga desde el reinado de Alfonso XII (1875-1885),
hasta el reinado de Alfonso XIII (1902-1923, en que se inicia la dictadura de
Primo de Rivera, admitida por Alfonso XIII, que se exiliará en abril de 1931),
pasando por la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902), bajo cuya
jefatura del Estado y con Sagasta en el gobierno, se producirá la guerra
hispano-estadounidense y la paz de París (ambas en 1898).
Aunque el sistema dio estabilidad política a España,
lo viciado del mismo y sus elementos inasimilables, así como sus fisuras,
terminarán por hacerlo inviable.
LA IMPORTANCIA DE CUBA
Cuba era gran exportadora a nivel mundial de caña de
azúcar (y azúcar de caña), café y tabaco. La venta libre era tolerada, sin
embargo España mantenía en Cuba un mercado cautivo (protegido por altos
aranceles), lo cual molestaba a los Estados Unidos, partidarios del libre
comercio, país que, por otra parte, tampoco habían logrado forzar del gobierno
español la venta de la isla.
Los criollos de Cuba demandaban autonomía,
representación en las Cortes de Madrid, abolición de la esclavitud y libertad
de comercio. En estas dos últimas reivindicaciones contaban con la oposición de
los hacendados españoles en la isla (que poseían esclavos negros) y de los
comerciantes peninsulares.
EL CONFLICTO DE CUBA
El primer brote de insurgencia en la isla se produce
en 1868: la guerra de los 10 años (1868-1878) terminará con la paz de Zanjón y
promesas que se cumplirían muy tardíamente: la abolición de la esclavitud no
llegará hasta 1886 y la autonomía para la isla se decidió cuando era ya
inviable (en 1897).
La guerra chiquita (1879) fue sofocada. Aún así, la
insurrección resurge con fuerza en 1895, dando lugar a la recta final del
conflicto (1895-1898), cuando el independentismo era la opinión mayoritaria de
la población cubana, acaudillado por José Martí, un criollo que había fundado
en 1893 el Partido Revolucionario Cubano, partidario de la independencia. Su
muerte prematura en mayo de 1895 no desanimará a los caudillos de la
independencia, que contarán con el apoyo de los Estados Unidos (suministro de
armas).
En 1895 Cánovas envió a Cuba al general Martínez
Campos y, después, al general Weyler, de talante represivo. El giro del
gobierno en 1897, a
favor de un compromiso de cesión de autonomía a la isla, llegaba demasiado
tarde.
La explosión del acorazado Maine en el puerto de La
Habana (febrero de 1898) decidió la declaración de guerra a España por parte de
los Estados Unidos (abril de 1898). Aunque la guerra tuvo escenarios
terrestres, se decidió en el mar, en combates desiguales: batalla de Cavite
(mayo de 1898), junto a la bahía de Manila, y batalla del puerto de Santiago de
Cuba (julio de 1898).
El tratado de París puso fin a la guerra y al imperio
ultramarino español.
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA Y DEL TRATADO DE PARÍS
-Humanas: Unas 32.000 víctimas españolas (el ejército
expedicionario contaba con 180.000 soldados).
-Económicas: Fin del mercado colonial. Repatriación de
capitales americanos (con ellos nacerá el Banco Hispanoamericano).
-Políticas: La Restauración prosigue, pero con un
sistema cada vez más cuestionado. La regeneración política pretendida por las
nuevas personalidades del turno no tendrá cumplida realización. Por otra parte,
se planteó crear un nuevo pequeño imperio colonial en África para recuperar el
prestigio perdido: España ya había iniciado la ocupación de Río de Oro (Sahara
Occidental) desde 1884, y tenía presencia en la Isla de Fernando Poo (Golfo de
Guinea) desde 1858 (por acuerdos con Portugal que se remontaban a 1777); a
principios del siglo XX incorporará Río Muni (1904) y el Rif marroquí (
Conferencia de Algeciras, 1906), confirmado como protectorado en 1912, un
territorio que será fuente de amargos sinsabores..
-Morales: Se alcanzó honda frustración por la imagen
de debilidad que ofrecía España, frente a las grandes potencias imperialistas
de fin de siglo. Nacía así el “problema de España”: su identidad quebrada y el
amor a España pese a todo (al calor de ese sentimiento nacerá la Generación de
1898) y su regeneración política y económica más allá de la recreación de mitos
rancios (Joaquín Costa hablará de encerrar el cadáver del Cid bajo siete
llaves).
-Militares: El ejército y la armada españoles quedaron
dañados por estos fracasos. En consecuencia, nacerá un sentimiento militar
corporativista enfrentado al sistema político, tachado como viciado y culpable
de todo, y con tentaciones intervencionistas.
VALORACIÓN
La crisis del 98 significará un hundimiento moral para
España, pero de esa crisis nacerá una segunda edad de oro de nuestras letras
(la Generación de 1898: Ramiro de Maeztu, Miguel de Unamuno, Pío Baroja,
Antonio Machado, Valle Inclán y otros).
En otro orden de cosas, la crisis política del 98 será
el punto de partida de la larga crisis del sistema de la Restauración. El
intervencionismo militar, aparcado durante la Restauración, volverá a hacer su
aparición desde consignas patrióticas (ley de jurisdicciones de 1906. golpe de Estado de Miguel
Primo de Rivera en septiembre de 1923).
CONSTITUCIÓN 1876
CONSTITUCIÓN 1876
Se trata de una
selección del articulado de la Constitución de 1876, resultado del proyecto
aprobado el 24 de mayo de 1876, tras las elecciones a Cortes constituyentes. Se
trata de una fuente histórica por lo
tanto primaria, de naturaleza jurídico-política, y documento público,
importante para el conocimiento del ideario del principal impulsor de la
Restauración, Antonio Canovas del Castillo. Como toda constitución, el autor de
la misma es un colectivo de juristas y políticos que constituidos en comisión
redactan el texto constitucional, que debe ser aprobado por la asamblea
constituyente. El destinatario del documento es el pueblo español, pues se
trata de la constitución que debería regir a partir de su promulgación el marco
legal y político del país.
En cuanto a las ideas principales se recogen
los siguientes principios constitucionales: comienza regulando las relaciones del Estado con la iglesia y
el problema de la unidad católica y libertad religiosa. En este punto, el clima
fue muy tenso y reflejaba la conflictiva herencia del Sexenio y las
controversias religiosas del mismo. Se declara la religión católica como
oficial del Estado, obligando a la nación a mantener el culto y a los ministros
de la Iglesia. No se permite la manifestación pública de otros cultos (artículo
11). Aquí, el dilema se presentó entre defender la unidad católica de España y
la confesionalidad del Estado o mantener la libertad de cultos contenida en la
constitución del 69 que era una de las grandes conquistas del Sexenio. Al final
se adoptó esta decisión intermedia. En el artículo 13 se recoge una amplia declaración de los derechos de los
españoles: expresión, reunión, asociación, a la vez que se hace referencia
al sistema de representación, bicameral, aunque en general, las garantías
constitucionales se vieron restringidas en comparación con las de 1869, puesto
que los derechos de libertad de imprenta, reunión y asociación, inviolabilidad
del domicilio, y la imposibilidad de detención o prisión sin causa de delito
podrían ser suspendidos no sólo por las Cortes sino también por el gobierno.
Luego, el artículo 20 hace mención al Senado.
Está compuesto por tres tipos de senadores: De derecho propio. Son los hijos
del Rey, los Grandes de España con renta anual superior a 60.000 pesetas, los
arzobispos, los capitanes generales y los presidentes del Consejo de estado y
del Tribunal Supremo; Vitalicios. Son los designados por el Rey entre la élite
económica, los intelectuales, la Iglesia y la Administración; Elegidos por las
corporaciones y los mayores contribuyentes mediante sufragio restringido, según
la ley de 8 de febrero de 1877. Todos ellos han de ser mayores de 35 años. La
verdad fue que el senado perdió todo su significado territorial y democrático,
quedando como cámara de segunda lectura de las leyes, con la idea de frenar los
posibles excesos legislativos en los que pudiera incurrir la Cámara Baja. Ya en
el artículo 28, se aborda el sistema de elección de los miembros del Congreso,
es decir, los diputados. El Congreso está formado por al menos un diputado,
mayor de veinticinco años, por cada 50.000 ciudadanos. La duración del mandato
es de cinco años. Ambas Cámaras, además de la potestad legislativa, tienen la
facultad de recibir del rey y del sucesor de la Corona el juramento de la
Constitución. Asimismo, hacen efectiva la responsabilidad de los ministros. Las
elecciones se regulan por distintas leyes 2 Colegio Los Olivos Historia de
España electorales: la primera es la de julio de 1877, que concede el sufragio
restringido a los contribuyentes que paguen una contribución mínima de 25
pesetas; la ley electoral de junio de 1890 (bajo la presidencia de Sagasta)
instituye el sufragio masculino, ampliándose el cuerpo electoral de 800.000 a
5.000.000 de personas. Y por último, se trata de la unidad de códigos. La actitud centralista de Cánovas se hace
patente en la unidad de leyes para todo el territorio nacional (artículo 75).
Se suprimirán los fueros vascos (Decreto de abolición de los fueros vascos de
21 de julio de 1876) y, con ello, la exención de las quintas y de los
impuestos. La relación con los Territorios Vascos se regula, posteriormente, a
través de los conciertos económicos (febrero de 1878).
En cuanto al marco histórico, lo ubicamos en
el periodo conocido como Restauración (1875-1931), periodo de la historia de
España (1875-1931) en que se produjo la reposición en el trono de la dinastía
borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII, tras el Sexenio
Democrático (1868-1874). Durante este periodo estuvo en vigor la Constitución
de 1876, salvo durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929) y se
caracterizó, fundamentalmente por la consolidación en España del liberalismo y
sus instituciones, bajo la hegemonía de la burguesía conservadora. El nuevo
rey, Alfonso XII, había recibido a los 17 años la legitimidad histórica de la
casa de los Borbones al abdicar su madre en él en junio de 1870. Su educación
tiene lugar en la corte austriaca y en la academia inglesa de Sandhurst. El 1
de diciembre de 1874 anuncia su programa político en el Manifiesto de
Sandhurst: establecimiento de una monarquía de carácter liberal, apertura a las
dos corrientes políticas del liberalismo español: moderados y progresistas y
confesionalidad católica de la Corona. Tras este manifiesto se halla una
operación política del antiguo unionista Antonio Cánovas del Castillo, de
formación doctrinaria, que recoge las aspiraciones del bloque dominante
(burguesía financiera, latifundistas y alta administración civil y militar),
ante el fracaso de la I República española en el mantenimiento de la autoridad
del Estado frente al carlismo, el cantonalismo y el conflicto de la guerra de
Cuba. Cánovas interviene orientando el cambio político hacia un nuevo sistema
de carácter bipartidista en el que predomine lo civil sobre lo militar y el
orden sobre la libertad. Pero adelantándose a las previsiones del político
malagueño, que pretende la adhesión popular del nuevo régimen sin la
participación militar, se produce el golpe de Estado llevado a cabo por el
general Arsenio Martínez Campos en Las Alquerietas a las afueras de Sagunto
(Valencia), el 29 de diciembre de 1874 (al que no son ajenos los empresarios
catalanes Güell y Ferrer y Vidal, pues forman parte de la trama civil), y restableció
la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII. El 31 de diciembre se
constituye un ministerio-regencia a cuyo frente se sitúa Cánovas del Castillo,
que se encuentra detenido en Madrid al sobrevenir el pronunciamiento. El 14 de
enero de 1875 hace su entrada en Madrid el joven rey Alfonso XII, que confirma
a Cánovas como presidente del Gobierno. En mayo de 1875, Cánovas del Castillo
reúne en asamblea, presidida por Luis Mayans, a un numeroso grupo de diputados
y senadores de las Cámaras que habían funcionado en España en lo últimos
treinta años, con el fin de preparar 3 Colegio Los Olivos Historia de España
las bases para la elaboración de una Constitución que, aceptada por el conjunto
de fuerzas representadas, fuese el punto de partida para una nueva legalidad.
Esta constitución de 1876 es el resultado del proyecto aprobado el 24 de mayo
de 1876, tras las elecciones a Cortes constituyentes, como hemos señalado
anteriormente. Se estructura en 13 títulos y 89 artículos, con rasgos
eclécticos en algunos de ellos, lo que permite distintas interpretaciones
legislativas, según el Gobierno de turno. Es la Constitución de mayor vigencia
en nuestra historia, ya que se mantiene hasta el golpe de Estado de Primo de
Rivera, en septiembre de 1923, y se restablece después de la dimisión del
dictador hasta la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931. Esta
Constitución restaura el liberalismo doctrinario, es decir, la existencia de
dos fuentes de soberanía: el rey, que representa la tradición, y las Cortes,
que representan a la nación. Es, por tanto, heredera de los principios que
informan el Estatuto Real (1834) y la Constitución de 1845. Contiene, además,
una declaración de derechos (la parte más liberal), que sirve de enlace con el
texto constitucional de 1869. Se trata, por tanto, de una constitución emanada
del pensamiento de Canovas, elaborada desde arriba y donde no hubo una
verdadera expresión de la soberanía popular. El complemento de la constitución
fue la ley electoral de 1878, de tipo censitario en tanto que solo votaba el 5%
de la población. El sistema introduciría después, gracias a Sagasta, un
elemento democrático, al implantar en 1890 el sufragio universal por el que
tendrían derecho a voto todos los varones mayores de veinticinco años. En conclusión,
podemos decir que una cosa será la constitución formal de un país, y otra la
realidad social. Existía un desfase entre la constitución de 1876 y la realidad
de una España en su mayor parte campesina y analfabeta, lo que dio lugar a un
funcionamiento anómalo del sistema, que fue aprovechado por las fuerzas
sociales desafectas para minar el prestigio constitucional. Es decir, a la
constitución política formal, se le superponía una constitución política
efectiva o real.
sábado, 7 de enero de 2017
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